En Perú, la población adulta mayor ha crecido de manera significativa en los últimos años, representando un sector importante pero vulnerable de la sociedad. Ante esta realidad, se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca otorgar beneficios económicos y sociales a las personas mayores de 60 años, con el objetivo de garantizarles una vida digna y activa. Esta iniciativa, liderada por la congresista Jessica Córdova de Renovación Popular, pretende abordar problemáticas relacionadas con el acceso a servicios básicos, actividades recreativas y otros ámbitos esenciales.
Un proyecto de ley que apuesta por la inclusión
El proyecto de ley presentado por la congresista Córdova establece una serie de beneficios económicos y sociales destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Según lo planteado, estas medidas buscan garantizar que este grupo de la población pueda disfrutar de una “existencia plena y activa,” reconociendo su importancia dentro de la sociedad.
La propuesta abarca desde descuentos en servicios básicos como electricidad, agua y telefonía residencial, hasta rebajas en actividades recreativas, restaurantes, transporte público y servicios médicos. Además, estipula que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y los gobiernos locales serán los encargados de supervisar el cumplimiento de esta normativa, asegurando que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.
Beneficios incluidos en la propuesta
El proyecto de ley detalla un amplio rango de beneficios para los adultos mayores, cubriendo diversos aspectos de su vida cotidiana. Entre las medidas planteadas se incluyen:
- Descuentos en actividades recreativas y culturales: Los adultos mayores podrán acceder a precios reducidos en entradas a cines, teatros, museos, sitios arqueológicos y espectáculos públicos. Sin embargo, estas rebajas no se aplicarán en actividades cuya utilidad esté destinada a la niñez, población vulnerable o damnificados.
- Reducción de costos en servicios básicos: Los beneficiarios tendrían descuentos en los pagos de electricidad, agua potable y telefonía residencial, aliviando la carga económica en servicios esenciales.
- Transporte público: Se establece la implementación de tarifas reducidas en transporte urbano, provincial, interprovincial y aéreo nacional, facilitando la movilidad de este grupo poblacional.
- Alimentación: Los adultos mayores podrían acceder a descuentos en restaurantes y otros proveedores de alimentos preparados, salvo aquellos incluidos en el Nuevo Régimen Único Simplificado.
- Atención médica: Los beneficios también se extenderían a servicios médicos, odontológicos y hospitalarios en clínicas privadas, policlínicos y consultorios. Además, se contemplan rebajas en medicamentos adquiridos con receta médica.
- Servicios técnicos y profesionales: Los adultos mayores también recibirían descuentos en servicios técnicos, notariales y financieros, lo que incluye la reducción de costos en tasas de interés, comisiones bancarias y trámites notariales.
El contexto demográfico y socioeconómico de los adultos mayores en Perú
El crecimiento de la población adulta mayor en Perú ha generado nuevos desafíos en términos de inclusión y bienestar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 el número de personas mayores de 60 años alcanzó los 4,7 millones, representando el 13,9% de la población total del país. Este aumento destaca la necesidad de políticas públicas que aborden las necesidades específicas de este grupo.
Por otro lado, el mercado laboral para los adultos mayores en Perú presenta un panorama desalentador. Un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señala que, en 2021, el 82,4% de los trabajadores mayores de 60 años estaban empleados en la informalidad, con ingresos promedio significativamente más bajos que aquellos en empleos formales. Esta realidad acentúa la vulnerabilidad económica de este grupo, lo que refuerza la importancia de iniciativas como la propuesta legislativa.
Fiscalización y monitoreo del cumplimiento
Para garantizar que los beneficios lleguen a los adultos mayores, la propuesta legislativa establece mecanismos de fiscalización a cargo de Indecopi y los gobiernos locales. Estas instituciones tendrán la responsabilidad de supervisar la aplicación de los descuentos en servicios y actividades, así como de sancionar a las empresas o entidades que incumplan con las disposiciones de la ley.
Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) deberá elaborar un informe anual sobre el impacto y cumplimiento de las medidas, el cual será remitido al Congreso de la República. Este monitoreo permitirá evaluar la efectividad de la ley y realizar ajustes en caso de ser necesario.
Participación de las entidades financieras y notariales
El proyecto también contempla la inclusión de descuentos y beneficios en el ámbito financiero y notarial. En este sentido, los adultos mayores podrán acceder a tasas de interés reducidas y menores comisiones en transacciones bancarias. Además, se plantean rebajas en trámites protocolares y extra protocolares realizados en notarías públicas, lo que representa un alivio económico para quienes necesiten realizar gestiones legales o administrativas.
El rol del Congreso y los desafíos de implementación
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de la bancada de Renovación Popular, cuyos integrantes han colaborado como coautores de la medida. Sin embargo, la implementación de estas medidas podría enfrentar desafíos logísticos y económicos, especialmente en un contexto de limitaciones presupuestarias.
Uno de los principales retos será garantizar que los descuentos y beneficios se apliquen de manera equitativa en todo el país, incluyendo las regiones más alejadas y menos desarrolladas. Esto requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno central, los gobiernos locales y las empresas privadas involucradas.
La importancia de la inclusión social y económica
El envejecimiento poblacional en Perú no solo implica desafíos económicos, sino también sociales y culturales. Los adultos mayores representan un grupo esencial para la sociedad, con un vasto conocimiento y experiencia que puede contribuir al desarrollo del país. Garantizar su inclusión y bienestar no solo es un acto de justicia social, sino también una inversión en la cohesión y el progreso de la nación.
