En diciembre de 2024, el Gobierno del Perú anunció un cambio significativo en la Remuneración Mínima Vital (RMV), oficializado por la presidenta Dina Boluarte. Este ajuste, que eleva el sueldo mínimo a S/1,130, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2025, marcando el primer incremento salarial en dos años. La medida busca responder a las demandas sociales y económicas acumuladas, aunque también ha generado reacciones divididas entre diversos sectores.
Un ajuste que llega tras dos años de estancamiento
El último incremento del sueldo mínimo en Perú se produjo en mayo de 2022 durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, cuando pasó de S/930 a S/1,025. Desde entonces, no se había registrado ningún cambio, a pesar de las presiones ejercidas por sindicatos y organizaciones laborales que exigían un reajuste que reflejara el aumento del costo de vida y la inflación acumulada.
Con el nuevo aumento a S/1,130, el salario mínimo busca equilibrar estas necesidades, aunque las críticas no se han hecho esperar. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha calificado la medida como insuficiente, argumentando que no cubre las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Impacto en los trabajadores del sector privado
El aumento del sueldo mínimo afecta directamente a los trabajadores bajo el régimen laboral privado. Según el Decreto Supremo N° 006, publicado en diciembre, los empleados recibirán el nuevo monto en cada ciclo de pago mensual, ya sea de 30 o 31 días, dependiendo de la periodicidad del contrato. Esta medida busca beneficiar a un segmento considerable de la fuerza laboral, especialmente a aquellos que se encuentran en las escalas salariales más bajas.
No obstante, el incremento no impacta automáticamente a los salarios superiores al mínimo, lo que ha sido un punto de discusión entre expertos y sindicatos. Este aspecto refleja las limitaciones del sistema actual, que carece de un mecanismo que garantice ajustes salariales periódicos y sostenidos en todas las escalas.
Limitaciones del sistema de ajuste salarial en Perú
A diferencia de otros países de la región, Perú no cuenta con un mecanismo automático de ajuste anual del sueldo mínimo. En lugar de ello, los incrementos se determinan mediante negociaciones entre representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. Este sistema, aunque participativo, ha resultado en aumentos esporádicos que no siempre reflejan la realidad económica del país.
La ausencia de un sistema claro para actualizar periódicamente la RMV ha dejado a los trabajadores expuestos a la pérdida de poder adquisitivo. Según la CGTP, un sueldo mínimo de S/1,130 sigue siendo insuficiente para cubrir los costos de vivienda, alimentación, salud y educación, especialmente en un contexto de inflación creciente.
Críticas y demandas sindicales
El secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, ha sido una de las voces más críticas respecto al incremento. Minaya sostiene que un salario de S/1,130 no responde a las demandas históricas de los trabajadores, quienes consideran que un monto superior a S/1,500 sería más acorde con las necesidades actuales. Además, ha solicitado una nueva ronda de negociaciones para revisar el ajuste, enfatizando que el actual incremento no cumple con las promesas de mejorar las condiciones laborales en el país.
Por otro lado, algunos sectores empresariales han mostrado preocupación por el impacto que podría tener el aumento en la competitividad y los costos operativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas compañías, que representan una parte importante del tejido empresarial peruano, podrían enfrentar dificultades para absorber el aumento sin afectar su estabilidad financiera.
El marco legal y los derechos de los trabajadores
El incremento del sueldo mínimo se sustenta en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 24 garantiza el derecho a una remuneración justa y suficiente. Además, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece la obligatoriedad del ajuste de la RMV cuando las condiciones económicas lo permitan.
Sin embargo, el marco legal también presenta vacíos. Aunque regula las remuneraciones mínimas, no establece lineamientos claros para asegurar que estos incrementos sean proporcionales al crecimiento económico y a la inflación. Esto ha llevado a debates recurrentes sobre la necesidad de reformar la legislación laboral para proteger mejor a los trabajadores.
El contexto regional y comparaciones internacionales
En el contexto latinoamericano, el sueldo mínimo en Perú sigue siendo inferior al de otros países como Chile o Uruguay, donde se aplican sistemas de ajuste automático para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas diferencias reflejan las prioridades económicas y políticas de cada nación, pero también ponen de manifiesto las limitaciones del modelo peruano.
En Chile, por ejemplo, el salario mínimo supera los USD 400 mensuales y se revisa anualmente en función de la inflación y el crecimiento del PIB. En contraste, el sistema peruano depende de decisiones políticas que no siempre están alineadas con las necesidades reales de la población trabajadora.
Perspectivas económicas y sociales
El aumento del sueldo mínimo a S/1,130 plantea interrogantes sobre su impacto en la economía peruana. Si bien representa un alivio para los trabajadores con menores ingresos, también podría generar presiones inflacionarias si los empleadores trasladan el costo del incremento a los precios de bienes y servicios.
Además, las pymes podrían enfrentar mayores desafíos para mantenerse competitivas, lo que podría llevar a una reducción en la contratación de personal o incluso al cierre de algunas empresas. Estos efectos secundarios subrayan la importancia de acompañar el aumento salarial con políticas complementarias que promuevan la productividad y el crecimiento económico.
Medidas futuras para proteger a los trabajadores
En el futuro, será crucial establecer mecanismos de ajuste automático que permitan actualizar el sueldo mínimo de manera periódica. Esto no solo garantizaría una mayor protección frente a la inflación, sino que también mejoraría la previsibilidad para empleadores y trabajadores.
Asimismo, fomentar el diálogo entre el gobierno, los sindicatos y el sector empresarial podría facilitar la implementación de medidas que equilibren las necesidades de todos los actores involucrados. Esto incluye no solo el ajuste salarial, sino también iniciativas para mejorar la productividad y fortalecer el mercado laboral en general.
