El debate sobre la implementación de la pena de muerte en Perú ha resurgido con fuerza luego de que la congresista María Acuña presentara un proyecto de ley que propone la salida del país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta iniciativa surge en respuesta a los recientes pronunciamientos de la presidenta Dina Boluarte, quien planteó abrir la discusión sobre la pena capital, especialmente para delitos de violación contra menores de edad.
La propuesta ha generado posturas divididas en el ámbito político y social, al tiempo que reaviva el debate sobre las implicancias legales y humanitarias de una medida tan extrema. Organizaciones de derechos humanos, líderes políticos y expertos legales han expresado diversas opiniones sobre la viabilidad y las consecuencias de una decisión como esta.
El proyecto de ley para salir del Pacto de San José
El Pacto de San José es un tratado internacional que regula los derechos humanos en América Latina. Ratificado por el Perú en 1978, este instrumento prohíbe la aplicación de la pena de muerte en circunstancias ajenas a delitos excepcionales, como los relacionados con conflictos bélicos.
El proyecto presentado por la congresista María Acuña busca que el Ejecutivo inicie el proceso de denuncia para retirar al país de esta convención internacional. Este trámite implica formalizar una solicitud ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de desligarse de las restricciones que este pacto impone sobre la soberanía legislativa en temas de sanciones penales.
El texto del proyecto señala que la salida del tratado permitiría a Perú «tomar decisiones soberanas en materia de justicia penal» y responder a las demandas de la ciudadanía que clama por medidas más drásticas frente a delitos graves, como la violación y el asesinato de menores.
Las declaraciones de Dina Boluarte sobre la pena de muerte
El tema fue impulsado inicialmente por la presidenta Dina Boluarte en un contexto de creciente inseguridad ciudadana. Durante un evento de la Fuerza Aérea del Perú, Boluarte expresó la necesidad de abrir un debate sobre la pena de muerte para violadores de menores.
La mandataria fue enfática al señalar que los delitos de abuso infantil no pueden ser tolerados y que, en una sociedad justa, los criminales que atentan contra los más vulnerables deben recibir sanciones ejemplares.
“Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, afirmó Boluarte en su discurso.
Sin embargo, tras sus declaraciones, el Gobierno aclaró que no existe un proceso formal para implementar esta medida y que la presidenta únicamente invitó a un debate nacional sobre el tema. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, precisó que la propuesta debe ser discutida en espacios académicos, políticos y mediáticos para evaluar sus implicancias legales e internacionales.
¿Por qué Perú no puede aplicar la pena de muerte actualmente?
Perú forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado que establece límites claros sobre la aplicación de la pena capital. Según el artículo 4 del Pacto de San José, la pena de muerte solo puede aplicarse en casos excepcionales ya existentes al momento de la ratificación del tratado.
El país mantiene la pena capital únicamente para delitos de traición a la patria en tiempos de guerra, contemplados en la Constitución Política de 1993. Para ampliar su aplicación a otros delitos, como la violación de menores, sería necesario denunciar el tratado, es decir, retirarse formalmente de la convención.
Este proceso no es inmediato. Requiere un período de un año desde la notificación formal a la OEA, además de cumplir con plazos adicionales y posibles repercusiones diplomáticas.
Argumentos a favor de la pena de muerte
Los defensores de esta propuesta argumentan que la implementación de la pena capital responde a la necesidad de enfrentar la creciente inseguridad y de brindar una respuesta contundente a delitos atroces que generan alarma social. Entre los principales argumentos se encuentran:
- Justicia para las víctimas y sus familias: La sociedad exige sanciones más severas para violadores y asesinos de menores como una forma de reparación moral y justicia.
- Disuasión de delitos graves: La posibilidad de recibir la pena máxima actuaría como un elemento disuasivo para quienes cometen delitos atroces.
- Sentimiento popular: Sectores de la población consideran que la aplicación de la pena de muerte refleja el sentimiento mayoritario de indignación frente a crímenes inhumanos.
Argumentos en contra de la pena de muerte
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos, instituciones académicas y organismos internacionales han manifestado su rechazo a la propuesta, fundamentando sus argumentos en:
- Violación de tratados internacionales: El retiro del Pacto de San José generaría un aislamiento internacional y posibles sanciones diplomáticas para el Perú.
- Riesgo de condenas erróneas: El sistema judicial no está exento de fallos, y la aplicación de la pena de muerte podría llevar a la ejecución de inocentes.
- Ineficacia como medida disuasiva: No existen pruebas concluyentes que demuestren que la pena capital reduce la incidencia de delitos graves.
- Daño a la imagen del país: Salirse de una convención que promueve los derechos humanos afectaría la reputación internacional de Perú.
Reacciones de los actores políticos y sociales
La presentación del proyecto de ley y las declaraciones de Dina Boluarte han generado diversas reacciones en el ámbito político.
- Partidos políticos: Algunos congresistas respaldan el debate, argumentando que es necesario responder a las demandas de seguridad ciudadana. Otros, en cambio, lo consideran un retroceso en materia de derechos humanos.
- Organismos internacionales: La OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la pena de muerte va en contra de los principios fundamentales de la Convención Americana.
- Sociedad civil: Mientras un sector de la ciudadanía respalda la propuesta, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho advierten sobre los riesgos legales y éticos.
El contexto de la inseguridad en Perú
El resurgimiento del debate sobre la pena de muerte coincide con un aumento de la inseguridad ciudadana y la percepción de impunidad en delitos graves. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los índices de criminalidad han aumentado en el último año, lo que ha generado un sentimiento de frustración e indignación en la población.
La violencia contra menores de edad, en particular, ha sido un tema recurrente en los últimos meses, lo que ha llevado a políticos y líderes de opinión a plantear medidas más severas para enfrentar este problema.
