El Gobierno peruano ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que busca generar recursos económicos adicionales para enfrentar uno de los problemas más acuciantes del país: la inseguridad ciudadana. La idea consiste en crear un impuesto dirigido a las grandes empresas, cuyo objetivo sería financiar estrategias y programas para reforzar la seguridad en las ciudades más afectadas. Esta medida ha generado un intenso debate en los sectores políticos, empresariales y sociales.
Contexto de la Inseguridad en el Perú
En los últimos años, la inseguridad ciudadana ha escalado hasta convertirse en una de las mayores preocupaciones para los peruanos. Delincuencia común, robos, extorsiones y crímenes violentos afectan tanto a zonas urbanas como rurales, lo que limita la calidad de vida de los ciudadanos y afecta el desarrollo económico.
El aumento de estos delitos está vinculado a factores como el crecimiento de la economía informal, la falta de empleo formal, la desigualdad social y, en muchos casos, la falta de recursos suficientes para dotar a las fuerzas del orden de herramientas y personal necesario para contrarrestar estas amenazas.
La Propuesta: Un Impuesto a Grandes Empresas
La iniciativa del impuesto a grandes empresas surge como una solución para financiar programas de seguridad pública sin afectar directamente los bolsillos de los ciudadanos. Según las primeras declaraciones de las autoridades, este tributo estaría destinado exclusivamente a empresas que superen ciertos niveles de ingresos anuales, garantizando así que su aplicación recaiga sobre las corporaciones con mayor capacidad económica.
Entre los objetivos principales de este impuesto se encuentran:
- Incrementar el presupuesto para la seguridad pública: Aumentar la dotación de recursos para policías, equipamiento y tecnología.
- Fortalecer programas de prevención: Implementar estrategias sociales para reducir las causas de la criminalidad.
- Modernización del sistema judicial: Agilizar los procesos y reducir la impunidad mediante herramientas tecnológicas.
- Mejorar la infraestructura de seguridad: Construcción y mantenimiento de comisarías, centros de vigilancia y sistemas de cámaras.
Beneficios Potenciales de la Medida
- Reforzamiento del Sistema de Seguridad:
- Los fondos recaudados permitirían adquirir vehículos policiales, chalecos antibalas, drones y sistemas de vigilancia modernos para mejorar la capacidad de respuesta ante los delitos.
- Generación de Empleo:
- La ejecución de los programas financiados por el impuesto podría generar nuevos empleos en el sector de seguridad, desde personal operativo hasta analistas de datos.
- Mayor confianza ciudadana:
- Una reducción de los índices de criminalidad contribuiría a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
- Protección del sector privado:
- Las empresas mismas se beneficiarían, ya que operan en un entorno más seguro, lo que facilita sus actividades y reduce sus costos asociados a la inseguridad.
Críticas y Desafíos de la Propuesta
Como era de esperar, esta propuesta no ha estado exenta de críticas y preocupaciones. Entre los principales desafíos señalados se encuentran:
- Carga Fiscal Adicional:
- Las grandes empresas argumentan que ya enfrentan una alta carga tributaria y que este impuesto adicional podría desincentivar la inversión privada, afectando el crecimiento económico.
- Falta de claridad en la distribución de fondos:
- Algunos expertos han señalado que es fundamental establecer mecanismos claros y transparentes para garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para los fines propuestos.
- Impacto indirecto en la economía:
- Existe el temor de que algunas empresas trasladen los costos de este impuesto a los consumidores finales, aumentando los precios de bienes y servicios.
- Definición de «grandes empresas»:
- La falta de claridad sobre los criterios para determinar qué empresas estarían sujetas al impuesto ha generado incertidumbre en el sector empresarial.
Experiencias Internacionales como Referencia
Perú no sería el primer país en implementar un impuesto destinado a financiar la seguridad ciudadana. Países como Brasil y México ya han adoptado medidas similares, con resultados mixtos. Por ejemplo:
- Brasil:
- En algunas ciudades, se han creado impuestos municipales destinados a mejorar la seguridad. Sin embargo, la falta de una ejecución adecuada y la corrupción han limitado su efectividad.
- México:
- Se implementaron gravámenes especiales para combatir el crimen organizado, pero la percepción pública indica que los recursos no siempre se emplearon de manera eficiente.
Estas experiencias subrayan la importancia de diseñar un sistema transparente y eficiente que garantice que los recursos recaudados lleguen a las áreas más necesitadas.
Implicaciones a Largo Plazo
De aprobarse esta propuesta, las implicaciones podrían ser significativas tanto para el sector público como para el privado. Por un lado, el gobierno podría contar con los recursos necesarios para implementar un sistema de seguridad más robusto. Por otro lado, las empresas podrían ver afectadas sus proyecciones financieras si la carga tributaria no es manejada adecuadamente.
Es crucial que este proyecto sea complementado con medidas integrales que aborden las raíces de la inseguridad, como la inversión en educación, generación de empleo formal y programas sociales enfocados en los sectores más vulnerables de la sociedad.
