La extorsión se ha convertido en un problema crítico en Perú, afectando a una amplia gama de sectores que incluyen a transportistas, empresarios, emprendedores, bodegueros, comerciantes informales y hasta comedores populares. Este fenómeno no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que tiene consecuencias económicas profundas, resultando en pérdidas de miles de millones de soles al año. Las cifras son alarmantes, y la falta de un control efectivo sobre esta modalidad delictiva ha generado un clima de miedo y desconfianza en todo el país.
El Costo de la Extorsión para la Economía Peruana
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la CONFIEP, la extorsión le cuesta al país más de S/ 6 mil millones anuales. Esta cifra representa solo una parte del impacto económico de la inseguridad en general, que alcanza un 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos S/ 35 mil millones. Estos costos incluyen no solo las pérdidas directas de dinero pagado por las víctimas, sino también la paralización de actividades económicas, el cierre de negocios y los efectos en la productividad de empresas que operan bajo amenazas constantes.
En sectores como la construcción, las cifras son aún más impactantes. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la extorsión ha ocasionado que casi 300 obras de construcción se paralicen o vean afectadas en el primer semestre del 2024, acumulando pérdidas de alrededor de S/ 1000 millones. La inversión en infraestructura se ve limitada y los costos de los proyectos aumentan, ya que los empresarios enfrentan mayores riesgos y gastos adicionales para proteger sus operaciones.
Sectores Más Afectados por la Extorsión
La extorsión en Perú ha afectado a sectores tradicionalmente vulnerables, donde la informalidad y la falta de regulación facilitan la actuación de organizaciones delictivas. Los transportistas y choferes, especialmente de mototaxis, son algunos de los más golpeados. Se estima que, en lo que va del 2024, siete de cada diez transportistas han sido víctimas de extorsión. Los choferes de mototaxis, en particular, pagan cuotas semanales de alrededor de S/ 500, lo cual representa un impacto significativo en sus ingresos, generando incluso pérdidas de vidas, ya que 11 mototaxistas han sido asesinados este año por no poder cubrir estos pagos.
Otro sector vulnerable es el de los bodegueros y comerciantes informales. En el país existen aproximadamente 23 mil bodegueros, de los cuales la mitad ha sido víctima de extorsión en lo que va del año. Los comerciantes del emporio de Gamarra, uno de los centros comerciales informales más grandes del país, también están expuestos a estas amenazas. Los montos exigidos por las bandas varían entre S/ 100 y S/ 4000, lo que obliga a estos pequeños empresarios a destinar una parte considerable de sus ingresos para “proteger” sus negocios.
El Caso de los Comedores Populares y la Extorsión
Un caso insólito es el de los comedores populares, organizaciones de vecinos que brindan alimentación a personas de bajos recursos. Estos espacios, que funcionan con fines sociales y comunitarios, también han sido víctimas de extorsión. Los delincuentes exigen sumas que pueden alcanzar hasta los S/ 20 mil mensuales, una carga insostenible para organizaciones cuyo propósito es ayudar a la comunidad. Este tipo de extorsión es un reflejo de cómo las bandas criminales han expandido su alcance, afectando incluso a los sectores más vulnerables y desprotegidos.
Factores que Facilitan la Extorsión en el Perú
La falta de presencia policial en zonas periféricas y la debilidad institucional son factores que facilitan la expansión de la extorsión. Erika Solís, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, explica que la extorsión no se dirige solo a sectores de alta capacidad económica, sino a aquellos que operan en áreas donde el control policial es mínimo. En estos lugares, la informalidad y la falta de infraestructura de seguridad permiten que las bandas criminales actúen sin restricciones, logrando extorsionar a pequeños empresarios, comerciantes informales y trabajadores del transporte.
Los sectores informales y las pequeñas empresas son blanco fácil, ya que no cuentan con los recursos para contratar seguridad privada ni para contrarrestar estas amenazas. Por otro lado, el Estado de Emergencia, una medida que el gobierno de Perú ha implementado en diversas ocasiones para reducir la criminalidad, ha sido criticado por su efectividad limitada. Como indica Solís, esta medida solo ofrece una percepción de seguridad sin atacar las causas estructurales de la criminalidad y la violencia en el país.
La Desconfianza en el Sistema de Justicia y la Baja Denuncia
Un aspecto clave que agrava la situación es la baja tasa de denuncias por parte de las víctimas de extorsión. De acuerdo con el Ministerio del Interior, solo el 25% de los afectados denuncia el delito. La razón principal es el miedo a represalias, pero también hay una profunda desconfianza en el sistema de justicia. Muchos consideran que las denuncias no se procesan adecuadamente y que la policía no tiene los recursos necesarios para brindar protección efectiva.
Esta situación se ve ejemplificada en el caso de un empresario en Lima que intentó denunciar extorsión a través de la línea 111, destinada exclusivamente para estos casos. Al no recibir respuesta, fue víctima de amenazas adicionales, incluyendo el uso de artefactos explosivos cerca de su negocio. Esta falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades refuerza la percepción de que denunciar es inútil y que la protección estatal es insuficiente.
Impacto Económico y Social: Extorsión como un Obstáculo para el Crecimiento
El impacto de la extorsión va más allá de las pérdidas económicas. La inseguridad generada afecta la calidad de vida de los ciudadanos, desincentiva la inversión en el país y aumenta los costos operativos de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan una gran parte de la economía peruana, enfrentan obstáculos adicionales que limitan su capacidad de crecimiento y su estabilidad financiera.
Los costos indirectos de la extorsión incluyen la pérdida de empleo, la reducción de la productividad y la limitación en el acceso a oportunidades de desarrollo para las comunidades afectadas. Cada vez que un negocio cierra debido a amenazas de extorsión, no solo pierde el propietario, sino también sus empleados y la comunidad que depende de sus productos o servicios.
La Necesidad de Reformas y Estrategias Integrales contra la Extorsión
La situación demanda una respuesta integral que no se limite a medidas temporales como el Estado de Emergencia. La investigadora Erika Solís sugiere que el sistema de justicia peruano necesita recursos, capacitación y una coordinación efectiva para enfrentar la criminalidad de forma estructural. Sin un esfuerzo integral que incluya políticas de prevención y fortalecimiento institucional, las leyes por sí solas resultan insuficientes para combatir el problema.
Además, se requieren campañas de concienciación y programas de apoyo para las víctimas de extorsión, especialmente en zonas donde la informalidad es predominante. Estas iniciativas no solo ayudarían a reducir la incidencia de este delito, sino también a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su protección.
Un Problema Nacional que Requiere Atención Urgente
La extorsión en Perú ha alcanzado niveles que afectan significativamente tanto a la economía como al bienestar social. Los sectores más vulnerables, como transportistas, comerciantes y comedores populares, siguen siendo blancos de organizaciones delictivas que exigen grandes sumas de dinero a cambio de seguridad. Para enfrentar este problema, es crucial que se implementen políticas de seguridad sólidas y una reforma del sistema de justicia que permita a las víctimas acceder a protección efectiva.
